Es una forma de violencia sexual que puede ser perpetrada tanto en espacios públicos como en espacios privados de acceso público. Se trata de un conjunto de conductas que pueden ser físicas o verbales, con connotación sexual, llevadas a cabo contra una persona sin su consentimiento: silbidos, comentarios fuera de tono, videos o fotografías de partes intimas, abordaje, exhibicionismo, persecuciones,etc.
En nuestro país, una de cada dos mujeres mayor de 15 años ha sufrido una experiencia de acoso sexual según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE aunque no existen datos concretos sobre la magnitud del acoso callejero, encuestas a nivel mundial como la de Actionaid indican que el 80 % de las mujeres encuestadas ha sentido miedo al volver a casa o el 80 % de mujeres belgas entre 12 y 30 años han recibido algún comentario fuera de tono caminando por la calle.

Regular y sancionar el acoso callejero que sufren las mujeres —y también algunos hombres—  en espacios públicos debe de formar parte fundamental de una agenda de género orientada a erradicar la violencia contra las mujeres, particularmente de todas las formas de acoso sexual sea cual sea el tipo y lugar donde se produzca.

El análisis de nuestra legislación pone de relieve evidentes lagunas normativas que impiden afirmar que exista un tipo normativo adecuado para resolver dicha cuestión, teniendo que buscar su acomodo en otras figuras legales que no se adecúan a los elementos que conforman la conducta del acoso callejero.
España ha ratificado la Convención de Estambul, tratado realizado en el marco del Consejo de Europa para la prevención y lucha contra la violencia contra la mujer, que obliga a los Estados a perseguir “toda forma de comportamiento no deseado, verbal, no verbal, físico, de carácter sexual, que tenga por objeto o resultado violar la dignidad de una persona”

En definitiva el acoso callejero es una realidad que afecta gravemente la libertad y la seguridad de las mujeres, que urge de una solución jurídica adecuada.

Se hace pues necesario una reforma legislativa que resuelva, de forma contundente y clara, la figura del acoso callejero y para ello el Gobierno de España debe de incoar las iniciativas parlamentarias necesarias para ello.

Estando plenamente comprometida la Mancomunidad la Vega en la lucha decidida contra la violencia machista, venimos a promover una Iniciativa Popular al objeto de obtener el respaldo mayoritario de la sociedad española, mediante las oportunas campañas sociales, y ello con el ánimo de solicitar del Gobierno de España llevar a efecto todos los trámites legales pertinentes para formular la oportuna proposición de ley que regule de forma satisfactoria el fin del acoso callejero.

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